El excepcionalismo cubano
Ted Henken. El Nuevo Herald, 21 de agosto de 2004.
El cambio en la política norteamericana de inmigración hacia Cuba en 1994 y 1995 no fue ni tan súbito ni tan completo como generalmente se cree. En primer lugar, un cambio en la política de brazos abiertos hacia los inmigrantes cubanos se había estado desarrollando desde hacía tiempo. Un cambio gradual ya había empezado a negar una automática aceptación ideológica de todos los cubanos como ''refugiados del comunismo'' a principios de los años 60 y a estigmatizarlos en Estados Unidos como delincuentes tras el puente del Mariel de 1980. Félix Masud-Piloto nos dio una actualización de este gradual desplazamiento hacia el cierre de la tradicional entrada de los cubanos en su estudio De exiliados bienvenidos a inmigrantes ilegales (1996), en el cual argumentaba que los cambios en la política de inmigración hacia Cuba representaban 'una completa inversión de una política inmigratoria de 35 años destinada a dar la bienvenida como refugiados políticos a casi cualquier cubano que alegara estar 'escapando de la represión de Fidel Castro'. Sin embargo, creo que esas declaraciones del tipo 'todo o nada' pasan por alto el hecho de que el tratamiento especial ha sobrevivido a los esfuerzos de buscar un tratamiento imparcial del caso.
Los acuerdos migratorios EEUU-Cuba de 1994 y 1995 tuvieron un éxito a corto plazo en resolver el problema de la peligrosa migración en alta mar y por haber estimulado ''una emigración segura, legal y ordenada'' de Cuba a EEUU gracias a una generosa política de conceder a Cuba un mínimo de 20,000 visas anuales. Sin embargo, un cambio de política que parecía en su época ser ''una completa inversión'' ha resultado ser mucho más complejo y matizado en la práctica. Después del 2 de mayo de 1995, todos los cubanos recogidos en el mar han sido devueltos a Cuba. Este importante giro de política ha sido ejecutado de forma consistente, aunque en aquella época pocos observadores comprendieron las implicaciones del hecho de que ni los acuerdos de septiembre de 1994 ni los de mayo de 1995 afrontaban la aplicabilidad de la Ley de Ajuste Cubano (CAA) de 1966. Irónicamente, esto es cierto aun cuando el acuerdo de septiembre de 1994 estipula claramente: ''Los EEUU han descontinuado su práctica de conceder libertad bajo palabra a todos los inmigrantes cubanos que lleguen a territorio de EEUU de manera irregular''. Lo que significa que prácticamente todos los cubanos que arriban a territorio norteamericano, por cualquiera que sea el medio, reciben permiso para quedarse.
Aunque el alto porcentaje de las repatriaciones marítimas muestra una nueva consistencia en la política migratoria norteamericana hacia los cubanos detenidos en el mar, los inmigrantes de la isla siguen disfrutando de un número de beneficios que otros inmigrantes no tienen. Entre los países que envían inmigrantes, Cuba está sola con un mínimo de 20,000 visas anuales. Para todos los demás grupos nacionales del hemisferio occidental, esta cifra constituye un límite máximo de inmigración permitida, no una cuota garantizada. Por otra parte, aun si el secretario de Justicia fuera a rescindir mañana la CAA, los cubanos que lleguen a las costas norteamericanas no podrían ser deportados a Cuba hasta que ambos países instituyan un acuerdo bilateral de deportación. Finalmente, el programa de refugiados que tienen los cubanos es un acuerdo especial al que sólo tienen acceso otros tres países del mundo.
Uno pudiera preguntarse por qué los cubanos han seguido recibiendo una consideración especial de inmigración pese a los esfuerzos por terminar su status privilegiado. Considero que tanto los intereses burocráticos como los políticos pueden explicar la permanencia del excepcionalismo cubano. En primer lugar, las múltiples agencias locales, estatales y federales implicadas en la salvaguardia de las fronteras frecuentemente trabajan con objetivos contradictorios y obedecen diferentes grupos de leyes, lo cual conduce a lo que yo llamo una ''política por omisión''. Por ejemplo, la Guardia Costera de EEUU considera que su misión es garantizar la seguridad en el mar y la protección de las fronteras del país. De esta forma, tiene poder para detener inmigrantes marítimos no autorizados y aplicar los Acuerdos Migratorios EEUU-Cuba 1994-1995, que requieren que intercepten y devuelvan a los cubanos detenidos en el mar (pies mojados), como hacen con los inmigrantes marítimos no autorizados de todos los países.
Una de las lecciones a sacar tiene que ver con la cantidad de inmigración ilegal cubana en la última década. En directa contradicción con habituales suposiciones de que la inmigración cubana ilegal está ''fuera de control'', lo más sorprendente sobre el flujo de cubanos en los últimos 10 años es que no hayan venido más cubanos a EEUU como balseros o boteros dado el hecho de que todavía sufren de una crisis económica y una represión política generalizadas en su país, y que siguen disfrutando de excepcionales beneficios a su llegada a EEUU. Las diversas tendencias contradictorias que todavía funcionan en el caso cubano lógicamente debían llevarnos a esperar una migración marítima masiva desde Cuba cuando, en realidad, no ha sido así desde los acuerdos de 1994-1995. En realidad, la estructura política del actual régimen cubano puede, irónicamente, actuar como un freno a la potencial emigración.
A pesar de todos sus problemas, el gobierno cubano ha sido capaz de mantener un mínimo de servicios sociales básicos, garantizar una estable aunque tensa paz social, y evitar gran parte del caos sociopolítico que ha acompañado los choques económicos en la mayor parte del resto de América Latina. Nuestra preocupación sobre los actuales niveles de inmigración cubana pudieran estar desubicados. Una preocupación potencialmente mucho mayor es la emigración cubana después de Castro, durante una transición, o bajo una dirección diferente y menos autoritaria.
Una segunda lección se refiere a la anacrónica CAA. Mientras, la actual interpretación de la ley es una violación directa del acuerdo migratorio de septiembre de 1994: ''En ninguno de los dos documentos (los acuerdos migratorios de septiembre de 1994 y mayo de 1995) el gobierno de EEUU ha dicho que los cubanos que lleguen ilegalmente a suelo norteamericano serán devueltos a Cuba, ni el gobierno cubano ha dicho que aceptará la devolución de los que alcancen tierra'' --como ha observado Siro del Castillo.
En realidad, con excepción de un número relativamente pequeño de ''excluibles'' del Mariel, el gobierno cubano no ha aceptado deportados cubanos. La existencia de la ley les permite a ambos gobiernos tratar de echar la culpa al otro por políticas migratorias contradictorias y frecuentemente inhumanas. Ambos gobiernos tienen razón.
La máxima ironía en la actual aplicación de la CAA es la muy real probabilidad de que sólo será finalmente revocada cuando Castro y su régimen ya no controlen el gobierno cubano. Si esto sucediera, el gobierno cubano conseguiría su deseo de que EEUU deje de alentar a los cubanos a emigrar sólo después (y directamente porque) ha cesado de existir. Por supuesto, los políticos norteamericanos probablemente aleguen que ya no hay una ''necesidad'' de ese tratamiento especial en una Cuba postcastro. Pero la presión para emigrar de Cuba probablemente aumente y no disminuya en el previsible futuro postcastro.
Profesor de Baruch College, adscrito a la Universidad de Nueva York (CUNY).
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